En el marco de la celebración de la asamblea de planificación del Foro Ciudadano, la Coalición por la Seguridad Social Digna, junto a sus organizaciones miembros, señaló que en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) se han desarrollado procesos que, según su análisis, responden a una dinámica de mercantilización del derecho a la salud en la República Dominicana.
“La corrupción denunciada en SENASA no es un hecho aislado, sino la expresión de un sistema capturado por intereses financieros que han convertido la salud en un negocio”, plantearon los representantes de esta organización social.
Indicaron que esta situación se expresa en el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social, donde, según los datos presentados, se producen transferencias significativas de recursos hacia prestadores privados. De acuerdo con las informaciones expuestas, entre 2010 y 2024 los prestadores privados concentraron el 93% de los contratos y el 89% de los fondos del Régimen Contributivo, así como el 44% de los contratos y el 67% de los pagos del Régimen Subsidiado.
Asimismo, señalaron que SENASA cuenta con aproximadamente 5.7 millones de afiliados en el Régimen Subsidiado, 1.82 millones en el Régimen Contributivo y 114,430 pensionados. Indicaron que el Régimen Subsidiado opera con una cápita de 327 pesos, mientras que el Régimen Contributivo registra una cápita de 1,887.53 pesos.
Agregaron que, según sus datos, un 32% de los empleados públicos (más de 185,000 personas) permanece afiliado a Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas, pese a disposiciones establecidas en la Ley 87-01 y decisiones del Tribunal Constitucional que ratifican la disposición de que el 100% de los empleados públicos deben estar en SENASA.
Las organizaciones además expresaron su respaldo al proceso judicial abierto denominado “Operación Cobra”, que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SENASA). Señalaron que esperan que el mismo se desarrolle con agilidad y permita el establecimiento y castigo de los responsables.
Así mismo las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a movilizarse y exigir al Congreso Nacional y al Gobierno dominicano, garantizar un proceso de transformación estructural de la Ley 87-01 que crea el sistema de seguridad social, para que garantice derechos y blinde los recursos públicos.
Advirtieron que el problema de fondo radica en un modelo que permite la privatización de derechos fundamentales y el uso indebido de recursos públicos por lo que hay que erradicar el mal de fondo.
Entre las organizaciones participantes se encuentran Ciudad Alternativa, el Foro Ciudadano, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), la Unión Clasista de Trabajadores, la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO), la Escuela Multitemática, la Red Urbano Popular y el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), así como la Articulación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), el Círculo de Mujeres con Discapacidad CIMUDIS y el Movimiento Campesino de las Comunidades Unidas, entre otras.
