Artículo de opinión del Dr. Arismendi Díaz Santana.
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) le ha hecho un gran servicio al país al lograr que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) prohíba la suspensión de los servicios de salud a más de un millón de afiliados de parte de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP).
Se trata de una solicitud oportuna y de una decisión atinada y justa del TSA para garantizar el acceso regular a los servicios médicos consagrados en la Constitución del país. Apoyamos a la nueva y vigorosa DIDA por los diversos logros obtenidos que la acercan cada vez más a su verdadero rol. Estamos muy satisfechos de haberla concebido e incluido en la ley 87-01 con una función importante y sin precedentes en América Latina.
El director general de la DIDA, licenciado Elías Báez, valoró la decisión del TSA como una garantía para las familias dominicanas, especialmente las más pobres y vulnerables. "Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud”.
Dado que el proceso continuará hasta que el TSA tome una decisión definitiva en los próximos días sobre el fondo de la demanda, la DIDA se mantendrá vigilante y exhortó a los afiliados y a la opinión pública a denunciar y comunicar de inmediato cualquier violación a la sentencia del Tribunal que vulnere el derecho de la población.
Todos a apoyar las demandas de la DIDA contra los paros y huelgas ilegales que bloquean el acceso regular a los servicios de salud
Existe un antecedente igualmente exitoso cuando la CASC presentó una demanda similar logrando una sentencia favorable a los trabajadores. Hace dos años la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria (CONATI) dirigida por José Luis León, solicitó al TSA un recurso de amparo contra una huelga del Colegio Médico Dominicano (CMD).
Con ambas decisiones, el TSA ha validado el sagrado derecho a la atención regular de la salud de 10 millones de afiliados contra paros y suspensiones ilegales del CMD y de ANDECLIP, con el apoyo del Ministerio Público. Con ello se crea una jurisprudencia nacional aplicable a cualquier nuevo intento de obstrucción de este derecho fundamental a la salud y a la vida.
En su justificación legal, el tribunal acogió plenamente el argumento principal de la DIDA de que los afiliados no pueden ser privados de sus derechos por ningún conflicto económico o contractual entre las ARS y las PSS del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). A ningún afiliado se le pueden interrumpir los servicios porque el pago puntual de sus cotizaciones les garantiza el pleno derecho a las prestaciones establecidas en la Ley 87-01.
Juristas consultados coinciden en que las motivaciones y fundamentos validados por el TSA son perfectamente aplicables a los paros y huelgas recurrentes dispuestos ilegalmente por el CMD. Justo es reconocer que ANDECLIP, en estricto cumplimiento de la Ley, de inmediato dejó sin efecto la suspensión de los servicios médicos a los afiliados.
Ha llamado poderosamente la atención la actitud silenciosa e indiferente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y del Ministerio de Salud Pública (MISPAS) ya que tanto la Ley 87-01 de Seguridad Social, como la Ley 42-01 General de Salud, consagran la atención médica ininterrumpida en todo el territorio nacional.
Reconocemos el derecho de los prestadores de servicios de salud (PSS) a plantear y defender sus reclamos, pero bajo el principio de que nadie está por encima de la ley y siempre sin poner en riesgo la vida de millones de ciudadanos indefensos que merecen el respeto de todos y la protección de todas las instituciones competentes.
Llamamos a todas las organizaciones sociales a formar una alianza nacional contra las huelgas, paros y cualquier denegación del derecho al acceso a la salud. Apoyemos las buenas acciones de la DIDA y demandemos de las instancias competentes la vigencia real del derecho de todas y todos a una vida tranquila y saludable. ADS/647/16/07/2026
