Por: Arismendi Díaz Santana – Seguridad Social para todos
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, actualmente existen 341,036 pensiones, de las cuales la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) administra 272,713, equivalentes al 80 %. Las demás instituciones públicas tienen a su cargo las restantes 68,323 pensiones, con una nómina total que en 2025 ascendió a RD$87,384 millones y un crecimiento de 12.5 %.
Las pensiones otorgadas por el Poder Ejecutivo, a través de la DGJP, crecieron un 177.6 % entre 2020 y 2026. Las pensiones solidarias registraron el mayor aumento, al pasar de 6,972 en agosto de 2020, con una nómina de RD$41.8 millones, a 64,362 a mayo de 2026, con RD$186.2 millones mensuales.
Estas informaciones fueron expuestas por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones y el Ministerio de Hacienda durante el foro “Impacto de las Pensiones en la Protección Social y en la Reducción de la Pobreza”, celebrado el pasado 16 de junio de 2026, con la participación de nuestra Fundación.
Durante el último lustro, la cobertura de los pensionados ha crecido más rápidamente que la población envejeciente. La población mayor de 60 años aumentó de 10.9 % a 12.5 %, mientras los pensionados pasaron de 14.5 % a 22.4 % del total. Se trata de un ritmo importante, pero todavía insuficiente para cubrir la deuda social acumulada con los adultos mayores.
De los 93,468 afiliados al sistema de reparto de la DGJP, solo 23,896, equivalentes al 26 %, cotizan actualmente. En cambio, 69,592, es decir, el 74 %, ya no aportan, mientras decenas de miles nunca lo hicieron. Los ingresos de diciembre de 2025 por este concepto ascendieron a RD$102.8 millones, frente a egresos totales de RD$4,236.9 millones, lo que evidencia un creciente déficit fiscal.
Pero estas pensiones también desnudan una enorme desigualdad social. El 80.5 % de los pensionados, equivalente a 274,401 personas, recibe entre RD$5,000 y RD$15,000 mensuales, la gran mayoría apenas RD$10,000. Otro 9.1 %, unas 30,953 personas, oscila entre RD$15,000 y RD$30,000, mientras solo el 10.4 %, equivalente a 35,685 pensionados, tiene ingresos superiores a RD$35,000.
No obstante, en el país existen pensiones que superan en más de 100 veces la pensión mínima oficial de RD$10,000, con el agravante de que estas últimas se revalúan anualmente, aumentando su poder adquisitivo, mientras las pensiones más bajas pierden valor de compra cada año.
A pesar de los avances recientes, el 59.7 % de los pensionados y jubilados todavía carece de un plan de salud para enfrentar los achaques y riesgos propios de la vejez.
Entre 2009 y 2015, el crecimiento del seguro de salud para los pensionados fue notoriamente moderado, al pasar de 5,474 a 10,188 afiliados. A partir de 2020, los pensionados con seguro de salud aumentaron de 88,128 a 109,856, para un crecimiento de 24.7 %, mientras la nómina mensual registró un aumento de 220.4 %.
De ese total, 76,342 pensionados, equivalentes al 69.5 %, demandaron 6,032,985 servicios médicos, con un costo total de RD$3,931.4 millones.
El plan de salud para los pensionados arroja un notable desequilibrio financiero, con una siniestralidad —relación entre egresos e ingresos— de 140 %, cuando esta debería fluctuar alrededor del 92 %. Por tanto, se imponen cálculos actuariales que permitan establecer un aporte asequible y solidario para los pensionados, pero también sostenible para la ARS pública.
Ante esta realidad y la necesidad de garantizar un retiro digno a los envejecientes, la Fundación Seguridad Social para Todos considera que la DGJP enfrenta los siguientes retos:
- Acelerar las pensiones solidarias a favor de las familias más pobres y vulnerables.
- Garantizar el derecho de todos los pensionados a disfrutar de un seguro médico.
- Actualizar anualmente todas las pensiones de acuerdo con el costo de la vida.
- Equilibrar los planes de salud entre los pensionados y el SENASA.
- Revisar la Ley 379-81 para adecuarla a las políticas de la Ley 87-01.
Nuestra Fundación reconoce los avances alcanzados durante la administración del presidente Luis Abinader. El aumento sostenido de las nóminas de pensiones revela un impacto positivo en la reducción de la pobreza extrema.
Sin embargo, considera necesario acelerar el proceso, tanto en cantidad como en calidad, mediante el cumplimiento de la Ley 87-01, elevando las pensiones, garantizando su poder adquisitivo y reduciendo las desigualdades e inequidades sociales.
