La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva, arresto domiciliario y garantías económicas a 24 imputados vinculados a una red de corrupción que sustrajo fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El Ministerio Público adelantó que la investigación continúa.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, reservó el fallo el viernes previo y lo dio a conocer en audiencia que inició pasadas las 9:00 de la noche y concluyó alrededor de las 10:00 de la noche del domingo. El caso fue declarado de tramitación compleja y la revisión obligatoria de las medidas quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, calificó la decisión como «un reconocimiento del juez a la fortaleza de la investigación del Ministerio Público». Encabezó el equipo litigante junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García; y los fiscales Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Medidas impuestas por el tribunal
El tribunal impuso prisión preventiva por 18 meses a ocho imputados. Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra. Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista ingresarán al CCR Najayo Mujeres.
El arresto domiciliario fue impuesto a Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Adicionalmente, el tribunal impuso garantía económica de dos millones de pesos, impedimento de salida del país y arresto domiciliario a Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo. A Martha María Saldaña Saldaña se le fijó una garantía de tres millones de pesos bajo las mismas condiciones adicionales. José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré recibieron garantía de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica. El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ejercerá el control del proceso.
Códigos médicos prestados, eje del esquema fraudulento
Camacho aprovechó la ocasión para exhortar a los profesionales de la medicina a no prestar sus códigos de habilitación. «Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal. Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido», afirmó. El funcionario llamó a diseñar una campaña dirigida al gremio médico sobre los riesgos legales de esa práctica.
El órgano acusador señala que el esquema de corrupción fue instalado de manera sistemática por el entonces director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa Administradora de Riesgos de Salud (ARS) y con la participación de prestadores de servicios de salud. Los cargos imputados incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La investigación sobre el SeNaSa no concluye
«La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación y vamos a ir por más», adelantó Camacho. La Operación Cobra 2.0-A es la segunda fase de un proceso que se inició con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, y otros coimputados.
En el marco de la misma línea investigativa, el Ministerio Público ejecutó en junio pasado la Operación Onco14, que condujo al arresto de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, su esposa Luisa Yasiris Guzmán y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Los tres son acusados de integrar la estructura que abusó del Patronato para desviar fondos en perjuicio del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), de pacientes oncológicos y del SeNaSa. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva; Vargas Sánchez, arresto domiciliario.
