El encuentro contó con la participación del destacado dirigente sindical chileno Luis Mesina, líder de la Confederación de Trabajadores Bancarios y vocero nacional de la Coordinadora NO + AFP de Chile, uno de los movimientos sociales más influyentes de América Latina en la lucha por pensiones dignas para trabajadores y trabajadoras. La actividad reunió a representantes de organizaciones sociales, sindicales, académicas, profesionales y comunitarias que integran la Coalición, así como a reconocidos especialistas en seguridad social. Entre ellos, Senén Caba, expresidente del Colegio Médico Dominicano; Francisca Peguero, dirigente gremial de enfermería; Rafael Feliz, dirigente de la ADP; Francisco Tavárez, director del INISE-UASD; Luz Eneida Mejía, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras; el Dr. José Selig Ripley, de la Escuela Multitemática; el Dr. Gregorio Moya; Fermín Rodríguez; Ricardo González, de Ciudad Alternativa; Luis Holguín-Verás, del MOPESEP; y decenas de dirigentes comprometidos con la construcción de un sistema de protección social más justo y solidario.
Durante el conversatorio se desarrolló un amplio intercambio sobre los desafíos que enfrenta la seguridad social en la República Dominicana y en América Latina, y la necesidad de impulsar una transformación profunda de la Ley 87-01, que elimine la intermediación financiera de ARS y AFP en la seguridad social. Los participantes analizaron la experiencia chilena, recordando que Chile fue el primer país donde se impuso el modelo de capitalización individual administrado por las AFP, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet y posteriormente promovido en diversos países de la región.
Luis Mesina compartió las principales lecciones de más de cuatro décadas de resistencia social frente al modelo de AFP, destacando que la movilización sostenida de trabajadores, pensionados y organizaciones sociales ha logrado instalar en el centro del debate nacional la urgencia de sustituir un sistema de pensiones insuficientes que ha generado pobreza, abandono y profundas desigualdades. Ante la pregunta de qué modelo le conviene al país, subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo de reparto público, solidario, de beneficios definidos, universal, garante de derechos. Los participantes coincidieron en que la experiencia chilena constituye una referencia valiosa para los pueblos latinoamericanos que luchan por sistemas de seguridad social universales, públicos, solidarios y sin fines de lucro, orientados a garantizar derechos y no a favorecer negocios privados.
En el marco de la conmemoración, la Coalición presentó un balance de sus cinco años de trabajo permanente impulsando una reforma estructural de la Ley 87-01. Durante este período, la organización ha promovido investigaciones, propuestas legislativas, jornadas de movilización social, espacios de formación y diálogo, así como acciones de incidencia política dirigidas a construir un sistema de seguridad social centrado en las personas. La Coalición reiteró que la reforma que propone implica superar el actual modelo de intermediación financiera mediante la exclusión de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del Sistema Dominicano de Seguridad Social, sustituyéndolo por un sistema público, universal, solidario y sin fines de lucro que garantice el derecho
efectivo a la salud y a pensiones dignas conforme a los principios constitucionales y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Durante el conversatorio fue reconocida la trayectoria de lucha de Luis Fernando Mesina, cuya labor ha trascendido las fronteras de Chile y se ha convertido en un referente continental en la defensa de la seguridad social como derecho humano. En su intervención, Mesina afirmó que el modelo de capitalización individual administrado por las AFP en Chile, con 45 años de implantación, ha demostrado ser “un total fracaso para los afiliados y un total éxito para las empresas administradoras”. Explicó que las tasas de reemplazo de las pensiones otorgadas a este momento apenas alcanzan el 32 % para los hombres y el 27 % para las mujeres, mientras que la mitad de las personas pensionadas recibe ingresos inferiores al 70 % del salario mínimo, lo que las mantiene en condiciones de pobreza y dependencia.
Mesina señaló que la crisis es tan profunda que existen pensiones de 100 dólares equivalentes a 6000 pesos dominicanos e incluso de 2 dólares mensuales, equivalentes a 120 pesos. Indicó que, como consecuencia del fracaso del sistema, el Estado chileno ha debido financiar más del 80 % de las pensiones, ya que las prestaciones otorgadas por las AFP incumplen el principio fundamental de garantizar una pensión justa y suficiente para una vida digna, para lo cual ha recurrido a lo que llamó “un respirador artificial” para proteger a esas personas.
Asimismo, sostuvo que esta situación responde a un modelo de negocios que mercantiliza un derecho social, utilizando los aportes de trabajadores y empleadores para acumular enormes fondos destinados a generar ganancias para los grandes grupos económicos, por lo que lo calificó como “un negocio inmoral”. “Cinco años después de nuestra creación, reafirmamos que la seguridad social no puede seguir siendo un negocio. La salud y las pensiones son derechos fundamentales, y el Estado tiene la obligación de garantizarlos mediante un sistema público, universal, solidario y sin fines de lucro”, expresó la Coalición al cierre del encuentro.
Al concluir la actividad, la Coalición por la Seguridad Social Digna reafirmó la presentación de Mesina cuyo liderazgo ha inspirado procesos organizativos y plataformas ciudadanas en diversos países de América Latina que hoy impulsan reformas orientadas a recuperar el carácter público y solidario de la protección social, demuestra su compromiso de continuar fortaleciendo la articulación con organizaciones nacionales e internacionales para impulsar una reforma integral que coloque en el centro la dignidad humana, la solidaridad intergeneracional y la justicia social.
Finalmente, Mesina hizo un llamado a la sociedad dominicana a aprender de la experiencia chilena y evitar seguir reproduciendo un modelo que, tras 45 años de aplicación, ha generado crisis social y sufrimiento en toda Latinoamérica. Exhortó a devolver las pensiones a la categoría de derecho social, administradas mediante un sistema público y solidario que garantice pensiones justas y suficientes para toda la población.
