Santo Domingo.-
El gráfico inserto del Ministerio de Trabajo indica que en Costa Rica el salario mínimo equivale a US$654.57 en el top de la región, mientras estamos en el medio, con sólo US$375.97, una diferencia del 74.1% a favor de los costarricenses, a pesar de que nuestro país registra un mayor crecimiento del PIB.
En Costa Rica el aporte al “seguro de enfermedad y maternidad” (SEM) asciende al 14.75% del salario, mientras aquí es sólo el 10.13%, un 45.6% menor. Estas notables diferencias, más casi medio siglo con atención primaria de salud, explican por qué Costa Rica exhibe indicadores sanitarios a nivel de los países más desarrollados.
De acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social: 1) 796,214 afiliados contributivos registran salarios mensuales inferiores a 15 mil pesos; 2) otros 891,643 ganan entre 15,000 y 30,000; 3) el 74% de los afiliados se ubica por debajo del salario promedio que es 32,004 pesos; y 4) la cápita mensual para financiar el PBS apenas llega a 1,452.37.
¿Es posible asegurar un PBS “tan rico”, con salarios tan pobres? Y menos aún, cuando fondos para el PBS se utilizan ILEGALMENTE para la atención médica por accidentes de tránsito, cuyo financiamiento es otro muy distinto y está claramente establecido en la Ley 87-01 de Seguridad Social.
Quienes demandan la inclusión de más servicios en el PBS, sin identificar los recursos para pagarlos, no necesariamente lo hacen para beneficiar al pueblo, sino para provocar la quiebra del Seguro Familiar de Salud (SFS), en otro intento por fortalecer el clientelismo, la corrupción y la politiquería, que tanto daño le ha hecho a los afiliados.
Esa minoría sueña con mantener y fortalecer el asistencialismo, para utilizar los aportes de los afiliados para satisfacer su afán de lucro. Si realmente quisieran mejorar los servicios a la población, eliminarían los paros, asistirían y cumplirían con las 4 horas diarias, reducirían los copagos, y exigirían pagos según la dedicación y el desempeño.
De acuerdo con los cálculos de Isidoro Santana, para el 2022, el PIB habría aumentado a RD$2.75 millones de millones en tres décadas, con un cambio monumental: mientras el PIB real casi se quintuplicó, el salario solo se triplicó, pero los ingresos del capital se multiplicaron 6.48 veces.
Tan desigual ha sido esta distribución que Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central, ha reclamado a los sectores de mayores ingresos un “derrame” a favor del quintil más bajo, para compartir el notable crecimiento económico que ha tenido el país durante las últimas décadas.
Esta brecha entre los salarios y el crecimiento económico ha sido constante y creciente durante décadas. Mientras la inflación golpea a todos los trabajadores y pensionados, los ajustes bianuales se limitan al salario mínimo, dejando al libre mercado y a su propia suerte a los demás asalariados.
A raíz de la revisión de mayo pasado, el presidente Abinader señaló que con el aumento del 19%, el salario mínimo no sectorizado pasa del 77% al 93% del costo de la canasta básica del primer quintil. Aún con este aumento, el ingreso de las familias más pobres no alcanza a satisfacer sus necesidades más perentorias.
Algunos sectores sostienen que la carga laboral es muy alta, pero aún así el salario medio sigue a la zaga del avance en la productividad y en el ingreso nacional. Ello indica que el costo de la fuerza de trabajo no es alto, aunque es posible que el pasivo laboral esté mal configurado, exponiendo a la quiebra a pequeñas y medianas empresas.
Estas realidades nos obligan a preguntarnos, ¿Cuál es el modelo de desarrollo económico y social al que aspiramos? ¿Cómo asegurar un “derrame” del crecimiento para reducir las desigualdades sociales? Las fuerzas electorales contendoras deberían elevar el debate respondiendo a estas importantes preguntas.
