Por Edwin DeLaCruz
Hablar de seguridad social en los tiempos de Juan Pablo Duarte puede parecer, a primera vista, un ejercicio anacrónico. El concepto moderno, entendido como un sistema organizado de protección frente a los riesgos de la vida, no existía en el siglo XIX. Sin embargo, su ideario político y moral contiene principios que hoy sustentan cualquier política seria de protección social.
Duarte concebía la República como una comunidad fundada en la justicia y la dignidad humana. En sus propias palabras: “Sed justos lo primero, si queréis ser felices”. Esta afirmación no es solo un llamado ético, sino una advertencia política: sin justicia social no puede existir bienestar colectivo. Desde esta perspectiva, la seguridad social no puede reducirse a un favor, una concesión ni mucho menos a un negocio, sino que constituye un deber esencial del Estado hacia sus ciudadanos.
Para Duarte, la ley debía servir al interés general y no a privilegios particulares. Como afirmaba: “La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes”. Aplicado al presente, esto implica que un sistema de seguridad social que no proteja efectivamente al trabajador frente a la enfermedad, la vejez o la vulnerabilidad social incumple con el principio republicano que él defendía.
Asimismo, Duarte sostenía que el poder público existe para servir al pueblo y no a intereses particulares: “Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”. En términos actuales, esta visión se traduce en la obligación de garantizar que la protección social alcance a todos, y no solo a quienes pueden pagarla o pertenecen a sectores privilegiados. La responsabilidad del Estado es anticipar riesgos, atender necesidades y proteger a la población más vulnerable.
La dignidad humana ocupaba un lugar central en el pensamiento duartiano. “La verdadera libertad consiste en obrar con justicia y no en ser esclavo de la injusticia”, afirmaba. Un sistema de seguridad social deficiente, excluyente o desigual se convierte, entonces, en un obstáculo para la libertad y la justicia que Duarte soñó para la República. La protección frente a la enfermedad, la cesantía o la vejez no puede depender de la fortuna individual, sino de la acción organizada del Estado en favor de la comunidad.
Hoy, la República Dominicana cuenta con un sistema formal de seguridad social, pero enfrenta desafíos estructurales significativos: pensiones insuficientes, acceso desigual a los servicios de salud y estructuras que, en muchos casos, priorizan la rentabilidad financiera por encima del bienestar humano. Duarte nos recordaría que la legitimidad de cualquier institución no se mide solo por su eficiencia administrativa, sino por su apego a la justicia y al interés general.
La seguridad social no es un lujo ni un negocio. Es un derecho fundamental y una obligación del Estado. Reformarla, fortalecerla y humanizarla constituye un deber moral y republicano, porque, como enseñó Juan Pablo Duarte, la patria se mide por la justicia que garantiza a quienes la sostienen con su trabajo y con su vida.
Sobre el autor
Edwin De La Cruz es periodista y abogado, dedicado al ejercicio profesional del periodismo. Ha sido reportero y se desempeña principalmente en el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación estratégica. Columnista invitado de LaSeguridadSocial.Do y PaginaUno.Do. Es productor de programas de televisión y creador del espacio motivacional Edwin Inspira, orientado a promover la superación personal y el crecimiento humano. Además, es dirigente sindical, con una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos laborales y sociales.