SANTO DOMINGO – En un esfuerzo continuo por mejorar la transparencia y la eficacia administrativa, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ha iniciado el proceso de implementación de las normas internacionales ISO 37001 y 37301, dedicadas a la gestión antisoborno y el cumplimiento regulatorio, respectivamente. Este proceso está alineado con el Decreto 36-21, promulgado por el presidente Luis Abinader, que instruye a todas las instituciones públicas a adoptar sistemas de gestión que mejoren la transparencia y reduzcan la corrupción en el gobierno.
La implementación de estas normas representa un compromiso firme de la TSS con la transparencia, la ética y el cumplimiento, aspectos que han sido pilares en la institución durante más de dos décadas de servicio. “Estas normas son referentes internacionales que proporcionan un marco claro y consistente para prevenir, detectar y responder a comportamientos corruptos”, afirmó Henry Sahdalá, tesorero de la entidad.
Además, este movimiento es parte de una estrategia más amplia del gobierno dominicano para fortalecer la integridad en las operaciones públicas y promover una cultura de cumplimiento en todas las ramas del gobierno. El Decreto 36-21 refleja una visión gubernamental de mejorar sistemáticamente los procesos administrativos y garantizar que todas las instituciones operen bajo los más altos estándares de integridad y responsabilidad.
La adopción de las Normas ISO 37001 y 37301 por parte de la TSS es un paso importante hacia la modernización de la gestión pública y la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Con estas herramientas, la TSS no solo busca cumplir con las regulaciones nacionales, sino también posicionarse como un ejemplo de buenas prácticas en la administración pública latinoamericana.
Sobre las normas:
Las normas ISO 37001 y 37301 son estándares internacionales que ofrecen directrices para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión antisoborno y de cumplimiento. Estos estándares son cruciales para las organizaciones que desean asegurar la adhesión a las leyes y regulaciones aplicables, al tiempo que fortalecen la confianza pública en sus operaciones.
