La iguala médica Abel González celebró sus 49 años destacando sus logros y “compromiso con sus afiliados”. Estas igualas surgieron por la incapacidad del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) para proteger a los trabajadores asalariados, acelerando considerablemente la privatización y mercantilización de la medicina.
Durante más de tres décadas, 40 igualas médicas y seguros de salud privados, captaron más del 80% de las preferencias de los trabajadores, a pesar de su costo, de la exclusión de los más enfermos y de carecer de regulación oficial. Una prueba de que la privatización de la salud existió desde mucho antes de la Ley 87-01.
Balaguer fue el principal privatizador del seguro social, propiciando el tránsito de un seguro social estatal a un aseguramiento privado. Mientras sofocaba financieramente al IDSS promulgó la Ley Núm. 772 autorizando a las empresas a establecer planes privados de salud y pensiones.
A partir del 1966 mantuvo congelado en 200 pesos el salario tope de cotización, expulsando a todos los trabajadores que lograron aumentos de salarios. Los afiliados al IDSS se redujeron de 200,000 en el 1959 a 80,000 en el 1966.
Balaguer fomentó las clínicas e igualas médicas privadas utilizando préstamos externos en dólares para financiar la construcción de modernas y grandes clínicas privadas, incluyendo recursos blandos para mejorar las instalaciones y el equipamiento de las existentes.
Además, fortaleció a las Igualas Médicas autorizando la afiliación privada de los funcionarios y empleados de las Secretarías de Estado, de las empresas públicas y de las instituciones autónomas y descentralizadas: CORDE, CEA, CFI, CEDOPEX, CDE y UASD, entre otras.
En adición, la limitada calidad y cobertura del Seguro Social obligó al sector laboral a incluir en los pactos colectivos de las empresas privadas, la contratación de seguros médicos privados, los cuales ofertaban planes de beneficios según la capacidad de pago de las empresas, de sus ejecutivos y de sus trabajadores.
Como resultado de este apadrinamiento oficial, en menos de una década nacieron unas 40 igualas médicas de diferentes modalidades. Vale la pena destacar que sus gestores, fundadores y principales accionistas fueron médicos quienes a su vez eran los propietarios de las grandes clínicas del país.
El cuestionamiento de las ARS se inició y recrudeció cuando la élite médica perdió su control al tener que vender las igualas médicas
Durante la discusión del proyecto de Ley la AMD/CMD no objetó a las igualas médicas, por dos razones: 1) eran propiedad de médicos connotados; y 2) los servicios eran prestados por sus propias clínicas. En esas condiciones no había necesidad de administrar el riesgo de fraudes porque al final del día todo se quedaba en familia.
Pero como la Ley 87-01 prohibió que las clínicas sean propietarias de las ARS, muchas de las igualas fueron vendidas al sector financiero a precios muy llamativos. Desde entonces, al perder su control, las ARS son consideradas una “intromisión intolerable” en la práctica médica, desatando una campaña recurrente de demonización. Por primera vez la detección de los fraudes e irregularidades están siendo gestionadas de manera independiente.
Se plantea una única ARS a cargo de un Estado tradicionalmente muy débil y vulnerable a las recurrentes presiones políticas y gremiales de las minorías que bloquean las reformas de la Ley 87-01. Se eliminaría la libre elección de los afiliados y su capacidad para asignar los recursos según sus preferencias. El objetivo es multiplicar el clientelismo, burocratismo, los fraudes y la corrupción.
Cuatro propuestas de estatización de la salud fueron rechazadas porque la eliminación del sector privado engordaría a un IDSS clientelista, corrupto y burocratizado y fomentaría una contratación paralela de planes de salud, multiplicando la doble cotización obrero-patronal.
Las igualas médicas prestaban una atención mucho más oportuna y confiable que el IDSS y Salud Pública. Pero sus planes de salud tenían una cobertura limitada, sin solidaridad social y con muchas exclusiones; además, establecían y aumentaban libremente su costo y operaban sin regulación ni control.
Paradójicamente, desde hace décadas algunos grupos solicitan su eliminación, a pesar de que la Ley 87-01 las reguló, estableció un PBS único, les prohibió fijar la cápita, les estableció sanciones y creó a la SISALRIL para supervisarlas. Todas aceptaron la habilitación y regulación estatal; unas desaparecieron y otras como la ARS Abel González han sido capaces de adecuarse e innovar. Muchos de los vicios y limitaciones originales han sido superados, todavía hace falta una mayor supervisión.
